La salud de una madre no puede esperar

100 acciones por el bien común: Acción 007 · Hato Mayor

Pablo Ulloa

Una mujer embarazada no debería tener que reclamar para recibir una consulta prenatal, ni acudir a un centro de salud para descubrir que el servicio está suspendido. Cuando eso ocurre, no estamos ante una simple dificultad administrativa. Estamos ante una situación que puede comprometer dos vidas y que pone a prueba la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales.

Durante los Diálogos por tu Comunidad para el Bien Común en Hato Mayor, escuchamos una preocupación que exigía atención inmediata. Madres embarazadas denunciaron la suspensión de los servicios de sonografía y consultas prenatales. De acuerdo con la ficha de la acción, cerca de 720 mujeres resultaban directamente afectadas. Detrás de cada consulta suspendida había una madre que necesitaba conocer la evolución de su embarazo, una familia pendiente de su bienestar y un niño por nacer cuya salud dependía, en parte, de recibir atención oportuna.

Escuchar esas preocupaciones reafirmó una convicción que ha acompañado nuestra gestión: los derechos no se garantizan por el solo hecho de estar reconocidos en la Constitución. Se garantizan cuando las instituciones funcionan y las personas reciben las respuestas que necesitan.

La atención prenatal es una de las intervenciones más importantes de la salud pública. Permite identificar factores de riesgo, detectar complicaciones, orientar a las embarazadas y adoptar decisiones médicas a tiempo, y las sonografías, cuando están indicadas, son herramientas esenciales para evaluar el desarrollo del embarazo. Su interrupción no representa solo una consulta aplazada. Puede significar una complicación no detectada, un diagnóstico tardío o una oportunidad de prevención perdida.

Ante la situación planteada, desde el Defensor del Pueblo registramos la demanda en el sistema M158 y activamos las gestiones institucionales correspondientes. El seguimiento documentó la reactivación de los servicios, la reorganización del personal y la disponibilidad del equipamiento necesario. Semanas después, las propias madres confirmaron que la atención se había normalizado.

Este resultado merece una reflexión que trasciende la solución inmediata. El Defensor del Pueblo no administra hospitales, no designa personal médico ni sustituye a las autoridades sanitarias. Nuestra función consiste en proteger derechos, escuchar a la ciudadanía, identificar posibles vulneraciones, promover respuestas institucionales y verificar que se cumplan. El mérito de una institucionalidad que funciona no está en que una entidad haga el trabajo de otra, sino en que todas cumplan sus responsabilidades y ninguna persona quede abandonada entre sus competencias.

Ese es uno de los aprendizajes más importantes de nuestro recorrido por los 158 municipios del país. Con frecuencia, la ciudadanía no necesita que se invente una nueva institución. Necesita que las existentes se comuniquen, coordinen sus actuaciones y respondan a tiempo.
La Constitución dominicana consagra en su artículo 61 el derecho fundamental a la salud; en su artículo 55, la protección de la familia y de la maternidad; y en su artículo 147, los principios que deben regir los servicios públicos, entre ellos la continuidad, la eficiencia y la calidad.

Estas disposiciones tienen consecuencias prácticas. Un servicio de atención prenatal no cumple su finalidad por figurar en una cartera de prestaciones o disponer de un espacio físico. Debe contar con profesionales, equipos, insumos, organización y capacidad de respuesta.

Esta realidad exige también una lectura desde la economía pública. La prevención no solo protege vidas; permite utilizar mejor los recursos del Estado. Una complicación que pudo identificarse en una consulta prenatal puede requerir después hospitalización, atención especializada, traslados de emergencia y tratamientos más complejos. No todas las complicaciones pueden prevenirse, pero garantizar la continuidad de la atención reduce los riesgos evitables y amplía las oportunidades de intervenir a tiempo. El costo de prevenir debe compararse siempre con el costo humano, social y económico de llegar tarde.

Hato Mayor nos deja, además, una pregunta fundamental: ¿por qué una comunidad debe esperar a que un servicio esencial se interrumpa para que las instituciones adviertan el problema? La administración pública dominicana necesita evolucionar desde una cultura que reacciona ante las reclamaciones hacia un modelo capaz de anticipar riesgos, detectar fallas y corregirlas antes de que afecten a la población.

Esa es precisamente una de las razones por las que la experiencia de M158 evolucionó hacia el Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART), concebido como un instrumento de información, prevención y articulación institucional. En salud materna, este enfoque permite identificar a tiempo la interrupción de consultas, la falta de equipos, las dificultades de acceso y los problemas de continuidad asistencial, y convertir la información recogida en el territorio en alertas dirigidas a las autoridades competentes, con seguimiento y verificación de las respuestas. No se trata de crear una estructura paralela al sistema de salud, sino de contribuir a que los mecanismos existentes funcionen mejor con información verificable y mayor coordinación.

Esta transformación es especialmente importante en las provincias. Para una embarazada que vive lejos de un centro especializado, una consulta suspendida puede implicar gastos de transporte, la pérdida de una jornada de trabajo, dificultades para cuidar a otros hijos y la incertidumbre de no saber cuándo será atendida. Hablar de equidad territorial es hablar de oportunidades reales de acceso: no basta con que un derecho esté disponible en la capital si ejercerlo resulta mucho más difícil en otras comunidades.

Nuestra experiencia confirma que la ciudadanía conoce con precisión muchas de las deficiencias que afectan su vida cotidiana. Las comunidades saben cuándo falta un médico, cuándo un equipo deja de funcionar, cuándo se interrumpe el agua o cuándo una escuela necesita atención. El desafío consiste en convertir ese conocimiento en información útil para las decisiones públicas. M158 nos permitió registrar y dar seguimiento a las situaciones identificadas; los Diálogos hicieron posible algo igualmente valioso: sentar en un mismo espacio a ciudadanos, autoridades y representantes comunitarios para escuchar, deliberar y construir respuestas. Uno organiza la información y facilita la trazabilidad; el otro fortalece la participación y la corresponsabilidad. Juntos demuestran que escuchar a la ciudadanía puede convertirse en un método concreto para mejorar la gestión pública.

Resolver una interrupción, sin embargo, no debe ser el punto final. La verdadera transformación ocurre cuando las instituciones aprenden de lo sucedido, identifican sus causas y adoptan medidas para evitar que se repita. Ese debe ser el siguiente paso de nuestra administración pública: pasar de la solución de problemas individuales a la prevención de fallas recurrentes, con responsabilidades definidas, indicadores verificables y seguimiento ciudadano.

Después de recorrer todo el territorio nacional, estoy convencido de que el desarrollo de la República Dominicana no depende solo de grandes inversiones o nuevas infraestructuras. Depende también de nuestra capacidad para garantizar que los servicios esenciales funcionen todos los días, en cada municipio y para cada ciudadano.

Hato Mayor nos enseñó que una consulta prenatal puede representar mucho más que una prestación médica: tranquilidad para una madre, seguridad para una familia y una mejor oportunidad de vida para un niño. La medida del éxito del Estado no es cuántas reclamaciones recibe, sino cuántas vulneraciones logra prevenir y cuántos derechos consigue garantizar. Proteger la maternidad es defender la dignidad humana, fortalecer la confianza ciudadana y asumir una responsabilidad con las próximas generaciones.

Una madre no debería tener que esperar a que su situación se convierta en una denuncia para recibir atención. El Estado que funciona para la gente es el que llega antes de que el derecho sea vulnerado.
Vamos por lo que nos une.