RZ NoticiasRZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO. – El Banco Central ha informado este miércoles que son «incompletas» las informaciones publicadas en distintos medios relacionadas con la sentencia de un tribunal que le ordena el pago de cinco millones de dólares a un consorcio de la construcción.
El proceso judicial al que se refieren las publicaciones ha tenido una extensa trayectoria procesal, incluyendo decisiones de distintos tribunales, entre ellos el Tribunal Superior de Tierras, así como recursos de casación ante la Suprema Corte de Justicia, aseguró la institución en un comunicado.
La decisión del tribunal da ganancia de causa al Consorcio Méndez Junior-Méndez Cabral contra el Banco Central por daños y perjuicios por incumplir con un contrato de dación en pago de un terreno ubicado en lo que era el antiguo aeropuerto de Herrera, en la avenida Gregorio Luperón en Santo Domingo Oeste.
Aunque se divulgó en las últimas horas, la condena fue emitida el 13 de agosto.
El contrato de la dación en pago de terreno, con una superficie de 5,000 metros cuadrados, al que se comprometió el Banco Central, en agosto de 2004 con el consorcio de empresas contratistas tuvo su origen en una deuda del Estado por la construcción del Tramo I de la autopista Duarte, que ascendía a cerca de 39 millones de pesos.
Como parte de ese proceso, y a partir del año 1999, el Banco Central entregó a los contratistas correspondientes, a título de dación en pago y por cuenta del Estado dominicano, terrenos de su propiedad localizados en el sector de Herrera, a requerimiento del Poder Ejecutivo y previa autorización de la Junta Monetaria, agregó la información.
Esa operación tuvo su origen en la suscripción de un contrato de permuta entre el Banco Central y el Consejo Estatal del Azúcar el 18 de octubre de 1999, aprobado por el Congreso Nacional, en virtud del cual este último se comprometió a entregar al Banco Central terrenos ubicados en el municipio de San José de los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, como contraprestación de los terrenos transferidos por esta institución a los contratistas como pago de la referida deuda que mantenían con el Estado dominicano.
«El Banco Central rechaza cualquier interpretación de los hechos que pretenda presentar su actuación institucional como una apropiación ilegal de terrenos o como una conducta orientada a perjudicar a los contratistas. La institución ha actuado en todo momento en el marco de sus competencias legales y en cumplimiento de las responsabilidades que le fueron asignadas», afirmó la institución reguladora de la economía.
