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RZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO. – El expediente acusatorio del Ministerio Público contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y compartes, asegura que este creó un comité de contrataciones médicas sin sustento legal ni procedimental, el cual habría operado como vía para favorecer de manera selectiva a prestadores de servicios de salud vinculados a sus intereses personales, políticos y económicos.
Según el documento, a la llegada de Hazim a la Dirección Ejecutiva de SeNaSa “no existía el Comité de Contrataciones Médicas dentro de la estructura institucional”. El Ministerio Público sostiene que fue él quien creó esta instancia “de forma arbitraria, sin sustento legal, normativo ni procedimental, alterando por completo el mecanismo previamente vigente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud”.
De acuerdo con la acusación, las evidencias recopiladas muestran que dicho comité “operó como un instrumento creado por el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy, para favorecer de manera directa, selectiva y discrecional a prestadores de salud vinculados a su círculo político, de amistad, así como a personas y empresas vinculados a los intereses personales, políticos y económicos de este imputado”.
La acusación añade que Hazim procuraba beneficiar tanto a quienes lo apoyaron políticamente como a “aquellos que le entregaban sobornos”.
El Ministerio Público también señala que para asegurar el control de las aprobaciones, Hazim incluía a sus dos asistentes cercanas, Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes en ausencia del director llegaban a las reuniones “con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas de este”. Según el expediente, estas órdenes se transmitían con expresiones como “eso es del CEO”, “eso es del Olimpo” o “vino respaldado”, consideradas como instrucciones inapelables.
El órgano persecutor subraya que este comité operaba al margen del comité de compras y contrataciones establecido por la Ley 340-06, amparándose en la Ley 87-01 para clasificar ciertos servicios como “servicios de salud”, aun cuando “en algunos casos no lo fueran, para así poder contratarlos sin ninguna restricción ni procedimiento”.
La acusación forma parte de la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público dentro del caso Operación Cobra, en el cual se atribuye a los implicados haber defraudado a SeNaSa por más de 15 mil millones de pesos. Fuente: El Nuevo Diario
