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RZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO. – La defensa de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), informó este jueves que apelará la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a su defendido y otros implicados en el caso de supuesta corrupción conocido como «operación Camaleón».
«Es una decisión que nosotros respetamos, porque ustedes saben que aquí no acabamos con jueces por una decisión tomada por su convicción propia y por los elementos que ella ha examinado, la respetamos profundamente, pero disertamos de su decisión y en consecuencia, procederemos de inmediato a recurrir en apelación», expresó Laura Acosta, abogada de Beras.
La letrada declaró que disienten de la resolución judicial y que continuarán la batalla legal hasta que su defendido regrese a su hogar.
Expresó su inconformidad con la decisión de la jueza, quien rechazó la nulidad presentada por la defensa, argumentando que no había elementos suficientes para determinar la veracidad de lo planteado.
Respecto a la prisión preventiva, Acosta señaló que la jueza alegó un riesgo para la investigación debido a la alta jerarquía que Beras ocupó en el pasado, pese a que actualmente ya no ocupa ese puesto «ni tiene el poder que se le atribuye».
La decisión judicial y los involucrados
La jueza Veloz dictó 18 meses de prisión preventiva no sólo contra Hugo Beras, sino también contra José Ángel Gómez Canaán, conocido como “Jochi” y Pedro Vinicio Padovani Báez. Los tres deberán cumplir la medida en la cárcel de Najayo, San Cristóbal.
Jochi Gómez y Beras son los principales imputados por presuntos actos ilícitos relacionados con un contrato para la red semafórica del Gran Santo Domingo, firmado entre la empresa Transcore Latam y el Intrant.
En el mismo caso, se dictaron otras medidas de coerción. Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, fue sentenciado a arresto domiciliario e impedimento de salida del país. Además, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant, recibió una garantía económica de dos millones de pesos, al igual que Juan Francisco Álvarez y Carlos Peguero.
Acusaciones
El Ministerio Público ha presentado cargos por presunto desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, comercio ilícito, sabotaje y lavado de activos. Según las investigaciones, Jochi Gómez habría sido uno de los mayores beneficiarios económicos del esquema corrupto, utilizando la empresa Transcore Latam S.R.L. para desviar fondos del Intrant. Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), afirmó que el caso podría ampliarse, involucrando a más imputados conforme avancen las investigaciones.
La operación Camaleón, en la cual se detuvieron a los acusados, se llevó a cabo mediante allanamientos en diversas propiedades del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, con la participación de más de 170 efectivos de la Policía Nacional, unidades especiales y más de 30 fiscales especializados en crimen organizado.
En los allanamientos, el Ministerio Público asegura haber recopilado numerosas evidencias que fortalecen la imputación contra los implicados, calificando la operación como una de las más exitosas en la lucha contra el crimen organizado.
El caso ha capturado la atención pública debido a la magnitud del presunto desfalco y la implicación de figuras relevantes, lo que ha generado un amplio debate sobre la transparencia en la gestión pública y las medidas de control en instituciones clave del Estado.
