Mao: cuando la alimentación escolar falla, también falla el Estado

Valverde | Mao
100 Acciones por el Bien Común — Acción 059

Pablo Ulloa

Para miles de familias dominicanas, la alimentación escolar representa mucho más que una comida. Es parte del bienestar de sus hijos, un apoyo a la economía familiar y una condición importante para que los estudiantes puedan concentrarse en aprender. Por eso, cuando los alimentos no llegan a tiempo a una escuela, el problema trasciende la logística: afecta derechos fundamentales y pone a prueba la capacidad de respuesta del Estado.

Durante nuestro recorrido por Mao, municipio cabecera de la provincia Valverde, como parte de los Diálogos en tu Comunidad por el Bien Común, escuchamos una preocupación que merece la atención de todo el país. Maestros, padres y madres nos explicaron que las raciones del Programa de Alimentación Escolar estaban llegando de manera irregular. Había días sin almuerzo, meriendas que no se entregaban y retrasos que alteraban la jornada educativa.

Detrás de aquellas dificultades había una realidad humana. Para muchas familias, la alimentación que reciben sus hijos en los centros educativos constituye un apoyo esencial. Cuando el servicio falla, no solamente se afecta al estudiante: también se obliga a los hogares a reorganizar sus gastos y enfrentar una preocupación adicional. Aquella conversación confirmó algo que hemos aprendido recorriendo los municipios dominicanos: los derechos no se vulneran únicamente cuando una institución niega una solicitud, también se afectan cuando un servicio público existe pero no funciona como debería.

Registramos la situación en el Sistema M158 y activamos las gestiones correspondientes con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), las autoridades educativas distritales y los suplidores involucrados. El propósito era contribuir a regularizar las entregas, corregir los retrasos y procurar que los alimentos llegaran con la calidad y oportunidad que requieren los estudiantes. No se trataba de sustituir las competencias de esas instituciones, sino de escuchar a las familias, documentar el problema, promover la coordinación y dar seguimiento a la respuesta. Semanas después, la comunidad nos confirmó que las raciones comenzaron a llegar con puntualidad y que los centros educativos recuperaron la normalidad del servicio.

Esa experiencia permite comprender una de las mayores responsabilidades de la administración pública: garantizar que las políticas sociales funcionen efectivamente en el territorio. Un programa puede estar correctamente diseñado, contar con recursos presupuestarios y disponer de una estructura nacional de distribución; pero si una escuela deja de recibir sus raciones, existe una falla que debe corregirse. El verdadero éxito de una política pública no se mide solamente por su presupuesto o su cobertura, sino por la continuidad, calidad y oportunidad del servicio que recibe cada ciudadano.

La Constitución dominicana establece en su artículo 56 la protección especial de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 63 reconoce el derecho a una educación integral y de calidad, y el artículo 61 protege el derecho a la salud. El artículo 147, por su parte, exige que los servicios públicos respondan a principios de continuidad, eficiencia y calidad. Estos mandatos nos obligan a comprender la alimentación escolar como una política que articula educación, nutrición, protección de la niñez y bienestar familiar — y también una dimensión económica: cuando el servicio falla, los costos se trasladan a las familias.

Por eso, la discusión sobre la alimentación escolar no debe limitarse a cuántas raciones se contratan o distribuyen. Debe incorporar la supervisión territorial, la trazabilidad de las entregas y canales efectivos para que directores, docentes y asociaciones de padres comuniquen incidencias y reciban respuestas verificables.

En el Sistema M158, la Acción 059 registra un impacto directo estimado de aproximadamente 6,100 personas, un impacto indirecto de 14,000 y un alcance total de 20,100 ciudadanos. Estas cifras reflejan la dimensión comunitaria atribuida a la intervención, pero su enseñanza principal está en la capacidad de convertir una demanda concreta en una gestión institucional con seguimiento. No todas las soluciones requieren nuevas leyes, mayores presupuestos o estructuras adicionales: en ocasiones, el desafío consiste en conseguir que los recursos, las responsabilidades y los mecanismos que ya existen funcionen correctamente.

Mao nos deja una enseñanza que debe extenderse a todos los municipios del país: una política pública solamente cumple su propósito cuando sus beneficios llegan de manera efectiva y sostenida a las personas. Garantizar la alimentación escolar no es únicamente distribuir comida. Es proteger la niñez, fortalecer la educación y respetar la dignidad de las familias. Porque cuando un niño recibe su alimentación a tiempo, el Estado no está haciendo un favor: está cumpliendo con su deber.

Por el bien común.