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RZ NOTICIAS, SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió este lunes que varias disposiciones contenidas en el nuevo Código Penal, la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales podrían afectar el ejercicio de la libertad de expresión en el país, por lo que llamó a revisar esas normativas y garantizar su adecuación a la Constitución y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
La advertencia fue realizada por el vicepresidente del PLD, Iván Lorenzo, durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, acompañado por los dirigentes Zoraima Cuello, José Dantés Díaz, Héctor Olivo y Joselito Feliz.
La organización política sostuvo que algunas disposiciones del nuevo Código Penal, cuya entrada en vigencia está prevista para agosto, y de la Ley 1-26 contemplan sanciones que podrían afectar a periodistas, creadores de contenido digital y ciudadanos que realicen denuncias con fines de investigación.
El PLD afirmó que estas medidas contradicen criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, que mediante las sentencias TC/0075/16 y TC/1148/25 eliminó las penas de prisión para delitos de difamación e injuria y reafirmó la protección de la libertad de expresión.
Asimismo, expresó preocupación por la inclusión de la figura de “ultraje a funcionarios” en el nuevo Código Penal, al considerar que la amplitud de su redacción podría utilizarse para limitar críticas y cuestionamientos dirigidos a servidores públicos.
Ante esta situación, el partido propuso que cualquier iniciativa relacionada con la libertad de expresión sea ampliamente debatida en el Consejo Económico y Social (CES), con la participación de periodistas, medios de comunicación, académicos, juristas y representantes de la sociedad civil.
Además, planteó la revisión de los artículos vinculados a la libertad de expresión en el nuevo Código Penal y de la Ley 1-26, con el objetivo de fortalecer las garantías constitucionales, proteger las fuentes periodísticas y evitar sanciones que impliquen privación de libertad por expresiones amparadas por la Constitución.
